Por desvío de 19.7 millones de pesos, vinculan a proceso a ex alcalde y a ex tesorero de Chichimilá

MÉRIDA, Yucatán, jueves 23/04/2026.- Después de una maratónica audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal en Yucatán, el pasado martes 21 Samuel U.P. y Dezert Iván M.B., ex presidente y tesorero de Chichimilá en el trienio 2018-2021 fueron vinculados a proceso por el delito de PECULADO por $19,731,111.15 (DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS CON QUINCE CENTAVOS).

La Fiscalía General de la República (FGR) y el Ayuntamiento de Chichimilá pudieron acreditar con documentales y pruebas contundentes de que durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021, ambos funcionarios sustrajeron y desviaron de las cuentas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS) tal cantidad, pero están libres.

De acuerdo con el articulo 223 del Código Penal Federal, este delito se sanciona con una pena de 2 a 14 años de prisión. Otorgaron un plazo de tres meses a la Fiscalía Federal para que culmine su investigación y se abra el juicio oral.

Se espera que termine en una pena condenatoria de cárcel, ya que la cantidad desviada es el equivalente a más de un año de recursos federales para ese Municipio y que resultado de este desvío son todas las obras inconclusas que dejaron en esa administración, como el domo de la escuela secundaria, los baños, techos, cuartos de comisarías entre otros.

Además de que específicamente en el año 2021 no se proyectó obra alguna de infraestructura debido a que la totalidad de esos recursos recibidos de enero a agosto que estuvieron en el cargo, lo distrajeron para otros fines y para el uso personal de ambos hoy procesados.

Mientras otros políticos de Yucatán como el ex alcalde de Motul Zorro Rata con varias denuncias en su contra en la FGE sigue siendo protegido por el gobierno de Huacho Diaz quien lo hizo director del #INDERM para darle “Fuero”, al grado que su cinismo al sentirse protegido con todo el descaros público que tiene enormes ranchos en Panabá, Tizimín y hasta en el estado de Puebla.

En la publicación mencionan a otros ganaderos, que no se descarta que puedan ser presuntos prestanombres o lavaderos de dinero de políticos de la 4T, caso que la FGR debería hacer el poder de atracción de las demandas a índole federal.