Ex alcalde y 10 Regidores de Progreso imputados por corruptos, se dejaron sobornar con $110,000

PROGRESO, Yucatán, viernes 09/07/21.- La Jueza de Control, Diana Yadira Garrido Colonia, imputó al ex alcalde José Cortés Góngora y a 10 regidores, por el delito de cohecho, ya que recibieron a $110,000 para firmar un contrato con una empresa que se robó unas lámparas.

Los imputados, además del ex alcalde son Enrique Ordaz Martínez, síndico; María del Carmen Villanueva Ávila, secretaria de la Comuna, y los regidores Leonardo Javier Camargo Osorno, Enrique Alejandro Pool Vázquez, María Isabel Hernández Tec, Arturo Enrique Núñez Castro y Jorge Méndez Basto. Además, Gabriela Flores Chan, Margarita Peniche Linot y Jorge Casanova Simá.

Los persiguió personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por la firma del contrato, que se realizó el 23 de diciembre de 2016, a las 23:00 horas, y a cambio les dieron a 110,000 pesos en efectivo, para la suscripción de un contrato para la prestación de un servicio de alumbrado público entre el ayuntamiento de Progreso y una empresa, que incummplió mel contrato y luego será denunciada.

En Progreso era vox populi como robaba dinero el entonces alcalde, en una de las peores administraciones que tuvo el puerto, ya que era un tipo sin moral ni escrúpulos, que compró las veces que quiso a los regidores, quienes vieron en el Cabildo una minita de oro, incluido el panista Jorge Casanova Simá, hermanito de la entonces presidenta municipal del PAN, Elsy. Otro de los regidores corruptos es Méndez Basto, que era presidente Municipal del PRI.

La audiencia de vinculación será el lunes 12 de julio, ya que los acusados solicitaron la duplicidad del término constitucional, es decir 144 horas.

Por último, la jueza de control Diana Yadira Garrido les impuso a los imputados las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica y el sometimiento y vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, así como la prohibición de salir del Estado. Medidas que tendrán vigencia por todo el tiempo que dure el proceso penal.