El expresidente de Iguala y su esposa permanecerán en la cárcel por delincuencia organizada
IGUALA, Guerrero, miércoles 21/09/22.-El expresidente municipal de Iguala José Luis Abarca y de su esposa María de los Ángeles Pineda permanecerán en la cárcel después que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó dos nuevas órdenes de aprehensión en sus contras por el delito de delincuencia organizada.
El juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México libró las ordenes de aprehensión el pasado 16 de septiembre por existir indicios suficientes que los vinculan con el grupo criminal “Guerreros Unidos”, acusado de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El mismo juez de Distrito libró otra orden de aprehensión contra Felipe Flores ex secretario de Seguridad Pública del municipio durante la administración de Abarca por los mismos delitos y desaparición forzada.
El pasado 14 de septiembre, a ocho años de los acontecimientos en Iguala, se informó que un juez federal absolvió a Abarca por la desaparición de los estudiantes, pero este permaneció en la cárcel debido a que también tiene en su contra otros dos procesos penales, uno de ellos precisamente por delincuencia organizada y el otro por homicidio.
En septiembre de 2014 autoridades del país señalaron directamente a Abarca como el principal responsable de ordenar el ataque policial que culminó con la desaparición de 43 estudiantes, y lo detuvieron el 5 de noviembre de ese año y enviado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde 10 días después un juez federal dictó en su contra auto de formal prisión
por los delitos de delincuencia organizada, secuestro de siete personas y homicidio calificado.
Luego de que la semana pasada se diera a conocer la absolución de Abarca, organizaciones civiles como Fundar y el Centro Prodh explicaron que la sentencia a favor del exalcalde se derivó de una acusación iniciada en 2014 por la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la cual “presentó numerosas irregularidades, incluyendo la práctica extensiva de la tortura”.
Señalaron que fue incorrecta la tipificación del delito, pues este fue tratado como secuestro y no como desaparición forzada. Por esta razón, aseguraron que, más que ser responsabilidad del juez, la absolución fue culpa del trabajo realizado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR), que tuvo una serie de irregularidades en el proceso contra el exfuncionario.
